Contexto

Después de una campaña electoral marcada por el discurso asimilacionista y anti indígena, en su primer día de mandato, el actual presidente Jair Bolsonaro decretó la Medida Provisoria N°870/2019, que entre otras ofensivas, desechara uno de los órganos más antiguos del Estado Brasileño, la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), transfiriendo la demarcación de tierras indígenas y quilombolas para el MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganado y Abastecimiento), un espacio históricamente comandado por el lobby del agronegocio.

El Ministerio de Agricultura es liderado por la terrateniente Tereza Cristina, una de las mayores lideranzas políticas del agronegocio en Brasil conocida como la “musa del veneno”. Solo en este año, ella liberó 239 agrotóxicos desde el MAPA, 26% de ellos están prohibidos por la Unión Europea debido a los riesgos que ocasionan  a la salud y el medio ambiente.

Uno de los resultados de esa antipolítica ambiental es justamente el salto considerable de las quemas en Brasil, en un 82% más en relación al mismo período del año pasado, y también es el número más grande de registro en 7 años en el país, según confirmó el Programa de Incendios del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 

Foto: Katie Maehler / Brigada NINJA Amazônia 

La correlación entre la deforestación, que aumentó solo este año en un 63% (según Inpe) y los incendios, son intrínsecas. Los 10 municipios de la región amazónica registraron un 43% de incendios hasta el mes de julio. Los registros son mayores en los estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondonia y Roraima, donde se concentran gan parte de nuestros pueblos. Y también en esa región es donde viven una gran parte de los últimos pueblos aislados que existen en Brasil, según denunció la COIAB, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña. 

  

Todos estos crímenes están impunes y son incitados cotidianamente por las autoridades, como el mismo Presidente de la República, el Ministro del Medio Ambiente o el Gobernador del Estado de Acre, que declaró públicamente que en caso de que algún terrateniente fuese culpado por un crimen ambiental, podría recurrir a su ayuda, ya que “es él quien manda ahora”.

Foto: Meidia NINJA

Sabemos que los territorios indígenas son los más preservados en todo el mundo. En la Amazonia Brasileña, las comunidades protegen el 27% de la floresta, las reservas llegan hasta los 5.2 billones de toneladas de agua por día.

 

El relatorio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los cambios climáticos, citó por primera vez el fortalecimiento de los derechos de las tierras de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales como solución a la crisis climática. El Relatorio Especial del Panel Gubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC) en relación a los Cambios Climáticos y Tierras, divulgado en el comienzo de agosto, reconoce que nuestro conocimiento tradicional y gestión sustentable de nuestras tierras y florestas son fundamentales para reducir las emisiones globales y el dióxido de carbono en la atmósfera. 

 

En Brasil, al contrario de lo que se alerta, con el desmonte de la Funai y de las políticas ambientales, de fiscalización, a través de la desmoralización y el desmonte del IBAMA, ICMBio, INPE y la tentativa de criminalizar y difundir mentiras recurrentes en contra a las Organizaciones de la Sociedad Civil, obligando, además, a los pueblos indígenas a que resguarden sus propios territorios por cuenta de ese riesgo.

 

Recientemente vimos el caso de los Munduruku que expulsaron a recolectores de maderas y palmeras en la Tierra Indígena (TI) Sawré Muybu, en el sudeste de Pará. Lo mismo sucedió en el norte de Mato Grosso y en otras regiones de la Amazonia.

En relación a tantas amenazas, entre los días 9 y 14 de agosto de este año, la APIB realizó en Brasilia la Marcha de las Mujeres Indígenas que reunió 2.500 mujeres de más de 130 pueblos indígenas, representando a todas las regiones de Brasil. Esta fue la primera iniciativa de las mujeres indígenas realizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil a nivel nacional.

 

Además de este crítico escenario, los pueblos están siendo empujados hacia una guerra sin límite y por esto necesitan cada vez más de la solidaridad de la opinión pública nacional e internacional, del apoyo de las instituciones brasileñas y también de la cooperación de los tribunales internacionales para que la Justicia y protección sean garantizados para los pueblos indígenas de Brasil luego del reciente asesinato del cacique Emirá Wajãpi, en Amapá.

Foto: Leo Otero / Cobertura Colaborativa Marcha das Mulheres Indígenas

Los ataque vienen también en el campo empresarial, que acumula desastres ambientales de gran tamaño, como por ejemplo, las últimas tragedias de minería en Minas Gerais, que afectaron directamente a las poblaciones que viven alrededor de las grandes empresas, tal como los pueblos Krenak y Pataxó, que tiene al Río Doce y al  Parauapeba como ecosistemas esenciales para su supervivencia. El gobierno, por su cuenta, no tomó todas las medidas necesarias para los pueblos que fueron víctimas de estos grandes desastres, dejando exento de responsabilidad a las corporaciones y multinacionales que están a cargo de las mineras.

Foto: Matheus Alves / Mídia NINJA

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